La democracia en América Latina se encuentra hoy con múltiples desafíos mientras los gobiernos de corte autoritario asumen posiciones, algunos más radicales que otros. La idea de una región conformada por gobiernos democráticos robustos, que protejan los derechos fundamentales y garanticen la justicia social, se ha visto amenazada por una creciente desconfianza en las instituciones y una preocupante tendencia hacia la apatía democrática, situación que se extiende por prácticamente toda la región.
A finales del siglo pasado, la región observaba con estupor los intentos de golpe de estado en Venezuela, mismos que luego dieron paso a una opción electoral que se hizo con la presidencia en 1998. Para aquel momento, un conjunto de factores coincidió para promover que la opción de un “outsider” se hiciera viable y terminara por obtener la victoria en diciembre de ese año, lo recuerdo bien por que tuvimos que mover la fecha de mi boda debido a la “ley seca” que, con motivo de las elecciones, se llevaría a cabo el fin de semana que teníamos prevista la recepción.
Para el momento, la crisis económica y la pobreza en franco crecimiento, la percepción generalizada de corrupción en las élites políticas y empresariales, el fracaso de la clase política a través de partidos políticos inoperantes que no lograron ofrecer soluciones efectivas a los problemas del país y conectarse con las aspiraciones populares, se encontraron con el carisma de un candidato que, con apoyo popular, empresarial y militar (en la sombra), logró capitalizar el descontento con un discurso populista, anti-establishment y que ofrecía otorgar voz a los “excluidos”.
Estos factores confluyeron para que Venezuela iniciara el transito por un camino de debilitamiento progresivo de su democracia, hasta transformarse 25 años después, en un régimen autoritario que ha socavado el estado de derecho, doblegado a los poderes públicos para convertirlos en sirvientes, y dominar así al punto, de no aceptar su derrota en las recientes elecciones de 2024.
Pero Venezuela no es el único ejemplo de esta transformación, ya lo habían sido Cuba en su momento (obviamente de una forma diferente) y Nicaragua hace unos años, seguidos por países que, aunque distantes en la dimensión de los cambios, no han estado según el talante de algún gobierno de turno, ajenos a coquetear con la idea. Países como Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador, Bolivia, Brasil y México pueden servir de ejemplo, aunque en estos casos sus sistemas políticos, sociedad y fuerzas económicas han logrado cierta contención.
Ahora bien, ¿Qué determina que los sistemas democráticos estén perdiendo su atractivo y por ende una parte del apoyo popular? Pues la creciente desconfianza en las instituciones y una preocupante tendencia hacia la apatía que hacen que, en América Latina, la democracia enfrente una seria crisis de legitimidad. Muchos países han visto cómo la erosión de la confianza pública ha facilitado la consolidación de regímenes autoritarios, por cierto, en ambos extremos del espectro político.
Ahora bien, es cierto que, en el caso de Venezuela, la crisis económica, corrupción y el desgaste del modelo económico sirvió de detonante para permitir la instauración de un gobierno de corte autoritario, sin embargo, también es cierto que muchos países atraviesan crisis económicas sin que necesariamente esto suponga un cambio político tan radical.
Una muestra de riesgos latentes que podrían desencadenar una serie de eventos desafortunados en contra del sistema democrático con tan solo un detonante, lo presentó recientemente República Dominicana con la “Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023”, realizada por su Ministerio de Economía. Este estudio reveló que un preocupante 47.9% de los dominicanos no muestra una preferencia por la democracia sobre regímenes autoritarios, cifra que ha aumentado significativamente en comparación con el 2008, cuando solo registraba un 26.2%.
Por otra parte, la desconfianza en las instituciones públicas es otro síntoma de debilidad para el sistema democrático. La misma encuesta señala que el 51.4% de los dominicanos considera que la corrupción en las instituciones públicas ha aumentado en el último año. La clase política y los empleados públicos son los principales señalados como los más propensos a involucrarse en prácticas corruptas, con un 44.4% y un 30.9%, respectivamente.
Este desmoronamiento de la confianza institucional debe ser una clara señal de alarma porque un sistema democrático funcional depende de la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones. Sin embargo, menos de la mitad de la población dominicana confía en las instituciones públicas, inclinándose en cambio hacia instituciones sociales y la iglesia católica, elemento común con estudios regionales y globales de confianza como el Barómetro de confianza de Edelman, o el estudio regional centroamericano de CONFIANZA realizado por la empresa DATOS, analizado por PIZZOLANTE y publicado por la revista Estrategia y Negocios.
Según la encuesta del Ministerio de Economía, siete de cada diez dominicanos confían poco o nada en las personas a su alrededor, lo que puede contribuir significativamente a la erosión de la cohesión social y la gobernanza democrática. La confianza mutua entre ciudadanos es un pilar esencial de la buena gobernanza, pues permite el diálogo, la colaboración y la construcción de consensos.
Pero eso no es todo, a esto hay que sumarle un aspecto que exacerba la crisis de confianza en la República Dominicana, la percepción de que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos que actúan en su propio beneficio. El mismo estudio revela que un 67.3% de la población cree que el país está dirigido por grupos económicos que priorizan sus intereses por encima del bien común.
Esta sensación de que la clase política actúa de manera corrupta y que los empresarios solo velan por su propio beneficio, mina la legitimidad del sistema y fomenta el descontento y calentamiento social. En un entorno donde la corrupción es vista como endémica y a la clase empresarial como desconectada de las necesidades de la población, el riesgo de la búsqueda alternativas autoritarias aumenta exponencialmente.
Este panorama actual es un reflejo de factores que han incidido negativamente en el curso democrático de otros países, pero cuando todo va “bien”, es natural que cierta miopía nos impida ver los riesgos y su escalabilidad. Algunos verán la probabilidad de algún impacto como algo lejano, distante o “imposible”, y eso me lleva a recordar una vieja frase que en Venezuela se hizo recurrente en los círculos de las clases dirigentes… “No vale, yo no creo”, desestimando con ella, los posibles escenarios que, para el momento, actores políticos y empresariales veían tan improbables. Los años se encargaron de demostrar lo contrario.
La combinación de apatía democrática, desconfianza en las instituciones, percepción de corrupción y creencia de que el poder está concentrado en manos de unos pocos, crea un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de alternativas políticas no democráticas.
La historia reciente de la región ofrece ejemplos claros de cómo estas dinámicas pueden llevar a la erosión total de la democracia, y por ende, ya lo dice el viejo refrán popular, “cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. Los factores que pueden dar pie a procesos de deterioro, aun cuando la situación económica de hoy sea positiva y prometedora, si no se abordan de manera efectiva, pueden llevar a cualquier país por un camino similar. Es fundamental que se implementen reformas para fortalecer la confianza en las instituciones, combatir la corrupción de manera efectiva y revitalizar el compromiso de la ciudadanía con los valores democráticos.
El sector privado, motor de la economía, tiene un rol fundamental en la tarea de modificar estas percepciones desde la acción concreta en favor de la generación de desarrollo, progreso y bienestar social. Las empresas deben trabajar en, al menos, 8 aspectos clave:
Establecer mecanismos de escucha y responder a las necesidades de la sociedad
Estrechar la colaboración con gobierno y sociedad civil para la atención de problemas críticos
Promover la responsabilidad social corporativa (RSC) e Involucrarse en el desarrollo comunitario
Fomentar la inclusión y la equidad económica
Asegurar la transparencia y la ética empresarial
Innovar en modelos de negocios inclusivos y sostenibles
Promover una cultura empresarial basada en el propósito
Comunicar estratégicamente y de manera efectiva los esfuerzos que llevan a cabo
Si bien el futuro no está escrito, es crucial tomar las medidas para fortalecer la democracia y evitar que nuestros países caigan en sistemas o regímenes autoritarios de consecuencias insospechadas. La experiencia de Nicaragua y Venezuela deben servir como una advertencia de los peligros que acechan cuando la confianza en la democracia se desvanece. Y recuerde, a pesar de que usted pueda pensar hoy por que su país está punteando en las cifras de crecimiento económico, las cosas pueden cambiar más rápido de lo que se imagina, por ello, cuídese de no repetir aquella frase de… “No vale, yo no creo”.
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